ARTICULO

  

    Chile: El poder público es el consejo de administración de la burguesía  

Las sólidas conexiones entre políticos y patronal


  

 

Por  Lucio Catalan

 

La clase dominante chilena quiere resolver su crisis, pasando de la actual forma corrupta de financiamiento de la política (actualmente en crisis) a otra forma de financiamiento, no menos corrupta, que toma como modelo a España. La brutalidad indignante de la idea está en que, para salir del pantano en que se encuentra el sistema, se quiere financiar la política burguesa  mayoritariamente con fondos públicos, es decir, hacer que el pueblo subvencione a la fuerza a partidos políticos institucionales, en un país donde la abstención marca el 60% desde la primera elección con voto voluntario. Lo tragicómico del asunto, es que en el paraíso de las privatizaciones, se quiere transformar a los partidos políticos en un órgano más del Estado porque, además de otras consideraciones de orden político, estos estarán financiados mayoritariamente con fondos públicos.

Pretender separar el dinero de la política es tomar al pueblo por idiota. La esencia misma de la sociedad capitalista es que el poder económico domina sobre el poder político. O dicho de otra manera, el poder político no es más que un instrumento del Capital. Pretender otra cosa solo es mentirle a la gente. Decía, Carlos Marx, hace ya más de un siglo, que “el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa” de las grandes empresas, de los grandes bancos. Esta frase  fue escrita en 1848, hace ya 166 años, y sigue plenamente vigente.

El Parlamentarismo moderno tiene su origen en el grito de guerra lanzado por la burguesía inglesa  a la monarquía: “No taxation without representation”,  lo que significa de una manera muy cruda: "Usted no va a tener nuestro dinero en tanto nosotros no tengamos  derecho a decidir y controlar sus gastos". Como se sabe, el Estado moderno, que no es otro que el Estado burgués, tiene a partir de los siglos XV-XVI, la necesidad cada vez más apremiante de dinero. Es el dinero de los capitalistas, empresarios, banqueros y comerciantes, que llenan gran parte las arcas del Estado. Por lo tanto, en la medida en que los capitalistas pagan al Estado, exigirán que le esté totalmente subordinado. Esto, claramente, lo hacen sentir por la naturaleza misma de las leyes  que hacen que se voten. En la actualidad, ningún gobierno, de Chile o del mundo,  podría  durar más de un mes sin tener que llamar a las puertas de los bancos para pagar los gastos corrientes.

En un inicio, en la mayoría de los países en los que se introdujo el parlamentarismo, sólo los burgueses tenían derecho a votar. Esta situación duró hasta el final del siglo XIX. El sufragio universal  es una invención relativamente reciente en la historia del capitalismo. Cuando en el siglo XVII la burguesía inglesa proclamaba “No taxation without representation”, es sólo la representación de la burguesía la que consideraban. En Chile, después de la mal llamada independencia, se estableció el voto censitario  donde solo las grandes fortunas podían votar. Esto duró hasta la reforma constitucional efectuada en 1888, que estableció el voto universal masculino, pero que en la práctica fue casi lo mismo puesto que las exigencias para votar eran, no ser mujer, saber leer y escribir, y tener más de 21 años. Esto reducía drásticamente la reforma, pues la mujer (más de la mitad de la población) carecía de derechos políticos y un porcentaje mayoritario de la población (85%) era analfabeto.

Posteriormente, la burguesía consideró el problema de una manera diferente. Con el sufragio universal nacieron también los impuestos universales que pesan más y más sobre los trabajadores. A través de la lucha del movimiento obrero, algunas instituciones del Estado burgués se volvieron más complejas. El sufragio censitario fue sustituido por el sufragio universal; el servicio militar se hizo obligatorio; todo el mundo paga impuestos. En este sentido el carácter de clase del Estado se vuelve menos transparente. La naturaleza del Estado, en tanto que instrumento de la clase dominante, se muestra menos  evidente.

Sin embargo, en la actualidad, exceptuando a los más ingenuos, nadie cree que es realmente el Parlamento que gobierna, que allí radica el poder  basado en el sufragio universal. El poder del Estado es un poder permanente. Este poder es ejercido por una serie de instituciones aisladas y autónomas de la influencia del sufragio universal. Son estos órganos que deben ser examinados para encontrar dónde está el poder real. "Los gobiernos van y vienen, pero la policía y la administración se mantienen”. El Estado es, antes que nada, instituciones permanentes: el ejército, la policía, gendarmería, la administración, la seguridad del Estado, los jueces, etc., todo lo que está "liberado" de la influencia del sufragio universal.

El Parlamento, en su esencia, no es más que el denominador común de los intereses de la burguesía. Existen numerosos grupos burgueses separados, opuestos por una multitud de intereses sectoriales, regionales, corporativos, etc. Estos grupos no se encuentran en ninguna parte de manera articulada, pero sí en el Parlamento (en el marco de los mercados, se encuentran solo para degollarse mutuamente). Es sólo en el Parlamento que se puede desprender una línea media que es la expresión de los intereses de toda la burguesía. Pues tal es la función del parlamento: servir como lugar de encuentro común donde se establece el interés colectivo de la burguesía.

 

La crisis actual

 
¿Dónde radica el trasfondo de la crisis que está viviendo la política institucional en Chile?

La burguesía chilena es una clase social chata, sin imaginación y sin capacidad innovadora, es por eso que ha vivido y vive mirando hacia el exterior. La clase dominante chilena ha mirado, desde fines de la colonia, en dos direcciones, por un lado, hacia EE.UU. y por otro, hacia España. Aunque parezca increíble esta mirada bipolar se mantiene hasta el día de hoy. La UDI, defensora a ultranza del modelo neoliberal,  tiene desde su nacimiento con los “chicago boys” la esperanza  de exportar a Chile, el sueño americano, “the american dream” ideado por  James Truslow Adams, en 1931 y que consiste básicamente  en una especie de darwinismo social  donde solo triunfa el más fuerte. Darwinismo  al que ellos llaman “libertad” y “esfuerzo personal”, cosa que, en estricto rigor, es falsa, pues la burguesía chilena ha cimentado históricamente su fortuna en el asesinato, la tortura y el entreguismo a las potencias imperiales. La otra mirada es la que dirige el Partido Socialista hacia España, lugar de donde los gobiernos y partidos de la Concertación han ido tomando los modelos represivos, de inteligencia y de institucionalidad política. La aplicación del modelo represivo español le permitió a la burguesía chilena (gracias al PS), en la primera mitad de los 90, desarticular a los grupos revolucionarios que 16 años de dictadura no lograron.  La reforma española sobre el financiamiento a los partidos se hizo el año 2007, ocho años después, los ideólogos de la concertación quieren importarlo  de España.

En estas dos visiones radica la crisis actual. Lo que está en disputa son dos modelos de dominación de dos fracciones de la burguesía chilena. El grueso del actual empresariado chileno se reconoce como pinochetista y su historia está vinculada con la dictadura militar, de la cual supo sacar gigantescos beneficios que surgen de la política neoliberal y del debilitamiento del rol del Estado como consecuencia de las privatizaciones y de la destrucción del modelo desarrollista a raíz del golpe del 73.

La estrecha cooperación del grueso de la burguesía chilena con la dictadura tiene como base el programa neoliberal, que abarcó desde la apertura comercial, el fomento de las exportaciones, la liberalización de los mercados, hasta un amplio proceso de privatización de empresas públicas que incluyó la devolución o venta de las empresas intervenidas y requisadas por el gobierno de la Unidad Popular y, en los años 80, la venta regalada de las principales empresas públicas. Este programa, es tomado como bandera por las colectividades de derecha tanto la UDI como RN.

Otro sector, encabezado por el Partido Socialista, ha buscado y busca imponer en Chile, un modelo tipo español. A este proyecto se ha plegado últimamente el Partido Comunista de Chile. Se refleja aquí  la perspectiva de un sector (aún minoritario) de la burguesía chilena que entiende que debe ponerse en sintonía con el contexto internacional que exige métodos diferentes para regular las relaciones al interior de la sociedad capitalista y sus formas de dominación. Esto no significa que este sector sea más progresista, pues no han tenido el menor pudor en reprimir y encarcelar a revolucionarios y al pueblo Mapuche, en estirar la mano para recibir monedas del ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou y abrazarse durante dos décadas con los políticos de la derecha pinochetista. Seamos claros, Michelle Bachelet, la Nueva Mayoría, la derecha y el empresariado comparten el mismo objetivo: salvaguardar la institucionalidad capitalista.

Lo significativo de la situación chilena, es que el poder del empresariado pinochetista, que es en esencia la clase dominante, ha bloqueado y bloquea los más mínimos cambios. Lo que está operando aquí es su codicia extrema, el robo a mano armada de las riquezas del país y de la feroz explotación de los trabajadores. Lo que la Nueva Mayoría pretende es seguir en esta misma vía, pero con mayores regulaciones, que la explotación ya no sea tan abierta ni tan descarada, que se disfrace un poco.

Las formas de cómo enfrentar la dominación producen tensiones que afectan la estabilidad del sistema. La Comisión Asesora Presidencial y el acuerdo transversal que buscan impulsar los partidos políticos tienen como único norte salvar la institucionalidad del sistema en crisis, y lograr así, preservar los intereses hegemónicos. El remedio, sin embargo, resulta peor que la enfermedad. Lo que pretenden es cargar sobre la espalda del pueblo el financiamiento de un sistema político que no es otra cosa que una cueva de ladrones y donde el mismo contador general de la República, Ramiro Mendoza, ha dicho que “no cerremos los ojos, la corrupción ha llegado”.

 

Como se financian los partidos políticos en España

 
Ya se escucha, por aquí o por allá, que para evitar el fraude tributario que han hecho a manos llenas las empresas chilenas para financiar a sus partidos políticos, es necesario que se legisle para que la  carga de este financiamiento caiga sobre el pueblo de Chile. Uno de los modelos que se invocan es el de España, donde la financiación de los partidos políticos está regulada por una Ley Orgánica del 2007. ¿En qué consiste?

En España, el 80 % del dinero que reciben los partidos viene del Estado, una vez conseguido los votos y escaños, el Estado le paga un dinero proporcional al número de votos. Por eso los partidos piden créditos, incluso antes de presentarse a las elecciones. El ente regulador se denomina  “tribunal de cuentas” que  tiene 11 consejeros, actualmente 6 son del PP y 5 del PSOE. Y una serie de funcionarios públicos. Muchos de los consejeros tienen más de 60 años. Algunos llegan a 80. Los cargos se renuevan cada 9 años. En la práctica cualquier consejero permanece eternamente en el tribunal de cuentas.

El Presupuesto del 2015, duplica el dinero para los partidos políticos. En medio de la feroz crisis económica, los partidos políticos son los grandes beneficiarios del Presupuesto para este año. En contraste con un aumento de los ingresos de los gastos, el Gobierno quita 5.000 millones de euros (el 15%) de la ayuda a los parados y congela el sueldo a los empleados públicos por quinto año consecutivo. El Presupuesto para el 2015 con un salto de la “financiación ordinaria” de los partidos políticos desde los 82.044.140 euros a los 153.729.140 en el 2015. Por su nivel de representación, el PP se lleva algo más del 30% de esa cantidad (52 millones de euros), seguido del PSOE, con una cifra cercana a 40 millones de euros. Ese balón de oxígeno a los partidos se completa con una dotación para seguridad que se mantiene fija en 2,7 millones para el conjunto.

Por otra parte, los enjuagues siguen. Los Bancos están perdonando las deudas a los partidos políticos. El Banco de España no da información de los Bancos que perdonan los préstamos que les deben los partidos políticos. Hacienda tampoco da información de estos préstamos que muchas veces ni se pagan. Las empresas constructoras o promotoras dan donaciones a las Fundaciones de los Partidos porque la ley no les permite dar directamente el donativo al Partido.

Las donaciones anónimas están ahora prohibidas. Pero el Tribunal de Cuentas no hace públicas las donaciones. Lo que en la práctica viene a ser lo mismo. Porque es imposible que un ciudadano en España sepa qué empresa dona a un partido.

El tribunal de cuentas, entre otras cosas, tiene la función de auditar las cuentas de los partidos políticos. Sin embargo, los consejeros de este tribunal son todos del PP y del PSOE y no se renuevan. No hay consejeros de otros partidos.

En fin, sea cuál sea la fórmula adoptada por la clase dominante (y por algo es la clase dominante) se las arregla para seguir esquilmando y engañando a los trabajadores. Ante la posibilidad, ya no tan remota, de que se apruebe entre cuatro paredes el financiamiento público de partidos reaccionarios y corruptos, la única respuesta es la rebelión popular.

 

En síntesis, bajo cualquiera de las dos formas de financiamiento es el pueblo el que sigue oprimido y explotado. Vale la pena recordar lo que escribía Rosa Luxemburgo en su obra “Reforma o Revolución”: “En efecto, de acuerdo con su forma, el parlamentarismo sirve para expresar, dentro de la organización estatal, los intereses de la sociedad en su conjunto. Pero lo que el parlamentarismo refleja aquí es la sociedad capitalista, es decir, una sociedad donde predominan los intereses capitalistas. En esta sociedad, las instituciones representativas, democráticas en su forma, son en su contenido instrumentos de los intereses de la clase dominante”.