ARTICULO

  

CHILE: LA MANIPULACION DEL TEMA DE LA DELINCUENCIA 

PARA FORTALECER UN ESTADO POLICIAL




  

 Por Lucio Catalán

 

Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destaca que Chile, pese a ser el país con la más baja tasa de homicidios de la Región y niveles bajos de victimización por robo, tiene una percepción de inseguridad mayor que la de Honduras, el país con peores índices delictuales de América Latina.

“Honduras y Chile ilustran la diferencia entre inseguridad percibida y real”, señala el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina”. De acuerdo con el estudio, Honduras tiene la mayor tasa de homicidios del mundo (86,5 por 100.000 habitantes), pero los niveles de percepción están en la media regional: 8 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en sus barrios. En contraste, en Chile, el país con menores tasas de homicidio de la región (2 por 100.000 habitantes) y niveles bajos de victimización por robo, la percepción de inseguridad es mayor que en el país centroamericano. Sólo siete de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en su barrio. ¿Cuáles son las causas de esta percepción distorsionada?

Lo primero que hay que decir es que la burguesía chilena, a diferencia de las otras burguesías latinoamericanas, vive hasta el día de hoy con el trauma de haber sido expropiada en masa durante el período del 70-73, ya sea por el gobierno de la Unidad Popular, ya sea de facto por el movimiento obrero y campesino. Empresas y fundos pasaron al área social. Esto hace de la burguesía chilena una de las más reaccionarias y retrógradas del mundo. Es el terror histórico que tiene esta burguesía a que se toque nuevamente la sacrosanta propiedad privada, el que se expresa diariamente a través de los medios de comunicación.

El blindaje de los barrios altos del país, el ejército de guardias privados, los globos aerostáticos para controlar la seguridad, las cámaras de seguridad por todas partes, los grupos de estudios sobre la delincuencia y fundamentalmente el bombardeo mediático tratando de unificar en un todo indistinto, las luchas estudiantiles, el movimiento de independencia Mapuche y a los ladrones no son más que las formas de acorazar al sistema capitalista contra cualquier amenaza a la propiedad.

Tres factores están entrelazados en la utilización del problema de la delincuencia. Primero es el instrumento político que le permite a la clase dominante cohesionar a sectores de la pequeña burguesía en torno a un objetivo común: la supuesta lucha contra la marea delictual. “Marea” que como expresa el estudio de las Naciones Unidas, es solo una percepción subjetiva creada por los medios de comunicación, es decir, una total falsedad. El triunfo de Piñera se debió en gran medida al uso de esta fórmula.

Lo segundo es la utilización “privada” de los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? La televisión chilena debe ocupar al menos un 70% de su programación, incluidos, gran parte de los noticieros, en la utilización del fantasma de la delincuencia. Los periodistas y estos programas no son más que los voceros de los departamentos de prensa de las policías. La delación permanente es algo que estos periodistas confunden con información. En los hechos, las directivas de los canales y una parte importante de su personal forman parte de la pequeña minoría privilegiada de Chile que vive a costa del trabajo y la opresión de millones. La orientación de sus programas, por lo tanto, no es más que la expresión pública del terror privado que tiene el burgués de verse con la cuchilla en la garganta por esa “masa anónima” que lo amenaza. Es esta misma burguesía que dirigió y colaboró abiertamente con los campos de exterminio de la dictadura, la que hoy bajo el fantasma de la delincuencia busca mantener y profundizar el control represivo sobre el conjunto del pueblo.

Pero no todo es percepción subjetiva, se trata también de ganar dinero. La  seguridad privada es el millonario negocio de explotar el miedo. Hay tres veces más guardias de seguridad y vigilantes privados que policías en Chile. Y la cifra va en alza. Sus servicios reportan un promedio de al menos $37.000 millones al mes a la industria. En casi 30 años, la cantidad de empresas dedicadas a la seguridad privada creció en más de un 500 por ciento. Para 1998, la facturación anual de las empresas de seguridad era de $50.000 millones. Pero en menos de una década, sus ingresos aumentaron en un 1.000%. Entre servicios de vigilancia, transporte de valores, monitoreo de alarmas y tecnologías de seguridad, la facturación de 2007, según un estudio del Instituto Libertad y Desarrollo, llegó a los $584.000 millones (US$1.119 millones). Y a diferencia de otros rubros de alto crecimiento, como las AFP y las Isapres, que en el último año disminuyeron sus ganancias, la seguridad privada tiene un punto a favor: su rentabilidad está en directa proporción con la sensación de miedo de las personas. De ahí la función de los medios de comunicación.

En la misma línea, la Cámara de Diputados aprobó recientemente el proyecto impulsado por el Gobierno de control de identidad preventivo que le otorga mayores facultades a Carabineros, esto en la línea del blindaje del sistema frente a los ataques a la propiedad privada. La iniciativa, permite que delitos contra la propiedad tengan penas más altas que algunos delitos contra la vida, iniciativa que recibió las críticas de la misma Corte Suprema. El informe de la Corte Suprema explica que “aquel que hurtó un celular, podría tener una pena mayor a aquel que, con idénticas atenuantes, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de 14,  pero menores de 18 años”.  A modo de ejemplo, el texto explica que el culpable de hurto de un celular que exceda las 4 UTM, pero que no pase de 40 UTM será, en todo caso e independientemente de sus atenuantes, condenado a una pena de a lo menos 541 días de privación de libertad; mientras que la pena del empleado público que acepte un soborno de 3 mil UTM para omitir un acto debido propio de su cargo que cuente con dos atenuantes, podría fácilmente ser inferior a 60 días. El informe también explica que “aquel que hurtó un celular, podría tener una pena mayor a aquel que, con idénticas atenuantes, obtuviere servicios sexuales por parte de personas mayores de 14, pero menores de 18 años”.

De igual manera el proyecto aprobado marca el regreso de la detención por sospecha bajo el nuevo nombre de Control de identidad preventivo. El artículo autoriza el control de identidad, y el respectivo registro de vestimenta, equipaje y vehículo. El proyecto ha causado gran controversia debido a su similitud con la detención por sospecha, que existió hasta finales del siglo pasado. Ésta consistía en que Carabineros podía arrestar prácticamente a cualquier persona, donde y cuando fuese, aunque no tuviese un motivo de peso para justificarlo.

La criminalidad existente en Chile es el producto directo de la situación de opresión que vive el pueblo chileno. La instrumentalización de la delincuencia apunta a disciplinar y domesticar, a ablandar y avasallar. La historia, sin embargo, ha demostrado no una sino miles de veces, que cuando los pueblos se ponen de pie y comienzan a luchar disminuyen los delitos comunes y la violencia se vuelca contra el dominador y por una causa social y política de cambio. Es la lucha la que humaniza al oprimido.